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La presidenta del país enfrenta presiones tanto del Ministerio Público como del Congreso, mientras intenta explicar el origen de los relojes de lujo que están en el centro de la controversia.
Dina Ercilia Boluarte Zegarra, nacida en Chalhuanca el 31 de mayo de 1962, es una política, funcionaria pública y abogada peruana que asumió la presidencia de Perú en 2022. Anteriormente, se desempeñó como primera vicepresidenta y ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Antes de su incursión en la política, Boluarte trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) desde 2007 hasta 2022.
Boluarte hizo historia como la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú. Su ascenso al cargo se produjo en medio de una turbulencia política en el país, que ha visto pasar seis presidentes en un lapso de cinco años.
En los primeros días de su mandato, Perú fue testigo de protestas a favor de Castillo en varias regiones del país, marcadas por incidentes violentos como la masacre de Ayacucho y la masacre de Juliaca. Esto llevó a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, a anunciar investigaciones el 10 de enero de 2023 para determinar si Boluarte, junto con el primer ministro Alberto Otárola, el ministro del Interior Víctor Rojas y el ministro de Defensa Jorge Chávez, estuvieron involucrados en acciones de genocidio y homicidio agravado.
Además, Boluarte estableció una coalición con el Congreso de derecha de Perú, que estaba en minoría, pero no convocó a las elecciones generales de 2021, asegurando también el apoyo de las Fuerzas Armadas de Perú. Estas acciones han suscitado preocupaciones entre algunos expertos, como el científico político Daniel Encinas, sobre la posible formación de un gobierno civil-militar.
Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la destitución y prisión de Pedro Castillo, será interrogada por los fiscales esta semana. Las investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito, desencadenadas por el “Rolexgate”, han revelado relojes de lujo no declarados en su posesión.
A los 61 años, la presidenta enfrenta un futuro incierto, con la renuncia de seis ministros el lunes y la amenaza inminente de destitución por parte de la izquierda en el Congreso. Los analistas políticos señalan que el destino de su mandato hasta 2026 está en manos tanto del sistema judicial como de la arena política.
La crisis política desatada por el “Rolexgate” ha puesto en entredicho la estabilidad del gobierno peruano, mientras Boluarte lucha por mantener su posición en medio de intensas presiones internas y externas.
Frente al escándalo que resultó en la incautación de pruebas, Boluarte solicitó adelantar su declaración, aunque el Ministerio Público aún no ha respondido a esta solicitud.
En la audiencia, enfrentará el desafío de presentar y justificar la adquisición de la presunta colección de al menos tres relojes Rolex, cuya posesión se le atribuye en base a varias fotografías recientemente publicadas por la prensa.
Sin embargo, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de ocho meses para investigarla desde el inicio de las investigaciones en marzo. Si decide acusarla, deberá esperar hasta el final de su mandato, en julio de 2026, para llevarla a juicio, según lo establece la Constitución.
Así, como señaló Alvarez, será en el ámbito político, en el Congreso, donde se decidirá si ella permanecerá o no en el cargo.
Desde 2023, el Ministerio Público investiga a Boluarte por presuntos delitos de “genocidio, homicidio agravado y lesiones graves”, relacionados con la muerte de más de 50 civiles durante manifestaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, que exigieron su renuncia y elecciones anticipadas.
El panorama político en Perú es tenso, con el Parlamento unicameral iniciando el proceso de moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”, propuesta por el partido de izquierda Peru Libre, al que pertenecía Boluarte. El pedido cuenta con el apoyo de 30 miembros del Congreso, pero se requieren más de cincuenta votos de los 130 legisladores para ser admitido para debate.
El proceso de destitución solo se iniciará después de esta etapa. Para destituirla, la oposición necesita más de 86 votos. El primer ministro Gustavo Adrianzén está programado para comparecer ante el Congreso el miércoles para presentar la política general del gobierno y solicitar un voto de confianza, un acto planeado antes del inicio de la crisis.
El Congreso está dominado por una mayoría de partidos de derecha y extrema derecha, que forman la base de apoyo de Boluarte. Ella no tiene una bancada propia.
“Hasta ahora, la vacancia parece improbable porque el Congreso es consciente de que esto inevitablemente conduciría a elecciones anticipadas y prefiere evitar este riesgo”, afirmó Alvarez, también columnista del periódico La República.
Durante su mandato, la izquierda parlamentaria ya ha presentado dos mociones de vacancia contra Boluarte, pero ninguna ha sido admitida para debate.
“Las principales fuerzas en el Congreso quieren mantener el statu quo tanto como sea posible”, observó el científico político Carlos Meléndez, de la Universidad chilena Diego Portales. Sin embargo, advirtió que “sería un milagro que ella lograra completar su mandato, porque nadie quiere aliarse con un presidente impopular en un contexto electoral”, refiriéndose a las elecciones de 2025.
Boluarte rechazó la posibilidad de renunciar y reafirmó su determinación de esclarecer el caso de los relojes junto al Ministerio Público. También denunció un “ataque y acoso sistemático” con el objetivo de socavar su gobierno.
Si Boluarte renuncia, el presidente del Congreso asumirá el cargo y convocará elecciones generales en seis meses.
“La mejor situación para el país sería poner fin a esta prueba y reiniciar la política nacional con nuevas elecciones generales, incluyendo al Congreso”, dijo el analista Juan Carlos Tafur al portal de noticias Sudaca.
Boluarte se une a seis presidentes anteriores que fueron manchados por casos de corrupción en el siglo XXI. Desde 2016, Perú ha sido testigo del ascenso y caída de seis presidentes bajo estas circunstancias.
La política de Perú se caracteriza por una historia tumultuosa, con cambios frecuentes en el gobierno y desafíos persistentes en áreas como la corrupción, la desigualdad socioeconómica y la inestabilidad política.
Perú ha visto una serie de cambios de gobierno a lo largo de los años, con presidentes frecuentemente enfrentando desafíos políticos que incluyen protestas populares, escándalos de corrupción e impeachment. Esto ha resultado en una falta de continuidad y estabilidad gubernamental.
La corrupción es un problema significativo en la política peruana. Varios presidentes, políticos y figuras públicas han sido implicados en escándalos de corrupción a lo largo de los años, lo que ha llevado a una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales.
Perú enfrenta además desafíos socioeconómicos que incluyen pobreza, desigualdad de ingresos, acceso limitado a servicios básicos y desarrollo desigual entre áreas urbanas y rurales. Estas cuestiones a menudo alimentan la insatisfacción popular e influyen en la política del país.
La economía peruana se impulsa en gran parte por la minería y la exportación de recursos naturales como oro, plata, cobre y gas natural. Las políticas relacionadas con el desarrollo y el uso de estos recursos son frecuentemente temas importantes en la política del país.
En resumen, la política peruana está marcada por desafíos significativos que incluyen inestabilidad gubernamental, corrupción, desigualdad socioeconómica y cuestiones regionales. La búsqueda de soluciones para estos problemas sigue siendo una prioridad para los líderes políticos y la sociedad peruana.
